Un Tribunal Constitucional que dicta sentencia años después de que una ley se esté aplicando, para declararla inconstitucional, es un organismo que no funciona. Que no cumple su función. Podría decirse que no vale para nada, porque no tiene ninguna utilidad práctica. Durante el estado de alarma hemos sufrido dos leyes inconstitucionales. La primera, el Real Decreto que declaró el Estado de Alarma. Que es un Real Decreto pero, como ha dicho el Tribunal Constitucional en 2016, vale como ley. Y después la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la ley mordaza según el PSOE, que no es otra cosa que la Ley Orgánica de opresión de los ciudadanos. Se ha aplicado con profusión durante el estado de alarma para imponer multas y generar detenciones, limitando las libertades y poniendo a la gente a los pies de los caballos de la policía. Me parece que el Tribunal Constitucional forma parte del problema y es culpable de que hayamos sufrido está quiebra de libertades, en la misma medida en que tarda años en dictar sentencias que hace mucho tiempo que tenían que estar en el Boletín Oficial del Estado.
Las Sentencias hay que acatarlas. No hay por qué compartirlas.
