La inspección educativa siempre ha cumplido en nuestro suelo una función igualitaria y unificadora. Con el tiempo, además, ha asumido la función de garantizar la calidad de la enseñanza. La inspección se ha ejercido siempre desde los órganos centrales del ministerio. Con la Constitución (Artículo 27 “8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”), ha surgido un modelo educativo distribuido en el que la Alta Inspección es pieza esencial. El efectivo cumplimiento de la legislación básica sufre por carecer de mecanismos reglamentarios útiles para que ésta cumpla su función. Para que la igualdad esté garantizada, es necesaria una regulación reglamentaria de lo que las leyes disponen en materia de Alta Inspección.