Ha pasado desapercibida la reforma que opera el Real Decreto-Ley del aire acondicionado en materia de defensa frente a la piratería.
En este compendio de inseguridad jurídica, en este “Decreto-Ley de acompañamiento”, en esta morcilla normativa veraniega, pensada para el cabreo de empresarios y comerciantes, se dice lo siguiente:
«Disposición adicional trigésima sexta. Servicios de seguridad de las empresas navieras y armadores españoles en el extranjero.
Las empresas navieras y los armadores españoles cuyos buques de pabellón español naveguen por aguas de otros países o en aguas internacionales que hayan sido declaradas por organismos internacionales competentes como de alto riesgo de piratería podrán contratar el servicio de seguridad privada de embarque de vigilantes de seguridad con empresas dedicadas a esta actividad autorizadas para prestar estos servicios por un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que reúnan los requisitos del artículo 19.6 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Estos contratos se formalizarán por escrito y se comunicarán con una antelación mínima de tres días a su celebración al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, justificando el problema de protección marítima de que se trate.»
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
Yo creía que en España lo de la defensa de nuestros buques en alta mar, que implica el uso de armas, era cosa de militares, dado que el Estado tiene el monopolio de la violencia.
También creía que la defensa propia es una excusa absolutoria (artículo 20.4 Código Penal), no un derecho del agredido.
Pero ya se ve que hay que ir a lo práctico y, en aguas de alto riesgo, por Real Decreto-Ley, ya no hace falta acudir a la Marina: se puede contratar un segurata y enarbolar el pabellón corsario.
Una empresa naviera u armador español pueden incorporar a la dotación del buque, si enarbola pabellón español y navega por aguas declaradas por “organismos internacionales competentes” (¿?) cómo de alto riesgo de piratería, puede embarcar seguratas.
El Real Decreto-Ley no dice que los seguratas podrán ir armados, y eso es lo malo, que parte de esa base como si nada, porque no cabe en la cabeza que un corsario trabaje desarmado. Hubiera estado bien que lo dijera, porque las empresas de seguridad tienen un régimen completamente distinto en la contratación armada.
Con el bárbaro texto en la mano, la patente se otorga reglada. No hay ni que pedir autorización. Basta con una declaración responsable. O ni siquiera eso: una comunicación a tres ministerios y ya está.
No dice cuántos seguratas ni con qué armamento. Se puede contratar un ejército entero y convertir una nave, con la excusa de la propia defensa, en una embarcación rápida destinada a proteger todo un convoy. Con esos dos párrafos y miles de kilómetros de por medio todo cabe.
Tampoco veo por ninguna parte cuál es la razón por la que tan importante reforma es extraordinariamente urgente, del todo necesaria y por qué no puedo hacerse por el procedimiento legislativo ordinario. No sé por qué el Senado nunca podrá decir una sola palabra sobre esta importantísima modificación.
Es más: este cambio afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, en particular al papel que debe desempeñar la Armada (artículo 8 de la Constitución), porque los seguratas no pueden suplantar la actuación de nuestras naves de guerra, por lo que estimo que resulta inconstitucional (artículo 86.1 de la Constitución). La Armada no está ahí para actuar sólo en aguas jurisdiccionales españolas, sino para la protección de los buques españoles en cualesquiera aguas, también en las internacionales.
El Frente Popular que nos gobierna ha creado el nuevo tipo de corsario, el corsario morado. El socialismo, esa estructura de codicia que todo lo ajeno lo expropian sin indemnización utilizando el presupuesto como excusa y la ideología como herramienta de pecado, acaba de privatizar… la seguridad. Eso sí: lejos de aquí, donde nadie la vea.
