El Frente Popular que nos gobierna lo hace por Real Decreto Ley. Es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, y a lo que el Tribunal Constitucional no pone remedio.
Ahora el socialismo ha dado el siguiente paso en la destrucción del Estado de derecho. Consiste en que ya nadie sabe lo que dicen las leyes, o más bien nadie lo sabe salvo ellos. El paso primero para destruir la seguridad jurídica fue acabar con el imperio de la ley, y por tanto con la intervención del Senado en la fabricación de las leyes y con la producción de decretos leyes en vez de un procedimiento legislativo ordinario. Ahora el paso siguiente es que la aplicación de las leyes no será con arreglo a su texto, si no con arreglo a criterios que no están ni siquiera en las propias leyes aprobadas.
El truco es muy sencillo consiste en generar inseguridad por medio de conceptos jurídicos indeterminados. Es muy viejo y quien mejor lo utilizó siempre fue la Unión Soviética, que lo incorporó a su Código Penal, cuyo artículo 58 castigaba como crímenes políticos cualesquiera cosas que le parecieran mal en las autoridades. El modo de hacerlo era decir que la aplicación del artículo dependía mucho de la conducta del incriminado. Podía «flexibilizarse» en función de los casos.
Ahora el Frente Popular nos promete flexibilizar la prohibición del aire acondicionado y moderar la incriminación de escaparates burgueses. Las burguesas que quieran ir de tiendas, podrán alargar un poco el horario. Porque el Decreto-ley se aplicará, pero no se aplicará, aunque cuando se aplique puede que se aplique, pero aunque no se aplique, sí se aplicará. Si ustedes han entendido lo que he dicho, es una suerte, porque ni yo lo sé: lo que he querido es hacerles ver que nadie sabe lo que dice el Real Decreto Ley. Ni siquiera el que lo hizo.
Lo único que sabe es que las sanciones serán como convenga en cada caso.Real El Decreto-Ley, que tienen que aplicar las comunidades autónomas, se aplicará de una manera en Madrid, de otra en Andalucía, de modo diferente en Galicia, en Cataluña según convenga, y ya veremos si se aplica en el Principado de Asturias o en La Rioja. Es lo que llaman seguridad jurídica socialista.
Por supuesto, los tribunales tendrán que aplicar el Real Decreto-Ley a palo seco. Pero para poder aplicarlo, resulta que antes tienen que tener delante una sanción. Es decir: una Administración Pública tiene que haber sancionado a algún empresario por haber incumplido el Real Decreto Ley. Y eso es lo que depende, porque a partir de ahora el socialismo no está vinculado por sus propias normas. El empresario sí, pero la Administración Pública no, porque depende de cómo las Comunidades Autónomas quieran aplicar el Real Decreto-Ley que ha aprobado el Gobierno. Si quieren aplicarlo con un grado de flexibilidad 3, lo harán de una manera. Pero si quieren aplicarlo con un grado de flexibilidad 8, lo harán de otra. Por supuesto, esto depende de cada caso. Es lo que llaman seguridad jurídica «a la medida». Lo que no dicen es que hay diversas varas de medir, o más bien que no se sabe cómo van a medir, porque no hay vara.
Como novedad jurídica, estoy de la «flexibilidad aplicativa» no deja de tener interés, porque a partir de ahora el Código de la Circulación y por tanto el Código Penal, lo vamos a aplicar a la medida. Se puede circular «a 120 más o menos» según el grado de flexibilidad que quiera aplicar la Dirección General de Tráfico cuando mida la velocidad del vehículo. Lo que diga el radar no importa.
También puede valer para la Agencia Tributaria. Podrá aplicar una vara de medir u otra y de ese modo graduar la sanción según convenga para cada caso.
En cuanto al alcohol, es lo mismo. No importa lo que diga el alcoholímetro. Caben «grados de flexibilidad».
No se puede jugar con la seguridad jurídica. Y lo malo es que no están jugando, sino que están implantando el socialismo. Aquí lo que está pasando no funciona al tuntún, sino que estamos ante una progresiva, continua, deliberada y buscada implantación del socialismo, uno de cuyos pilares es la eliminación de toda alienación jurídica, la tercera de las señaladas por Marx, como parte de la desestructuración del Estado burgués que es necesaria para la implantación del socialismo.
El Gobierno sabe perfectamente lo que hace y lo que está haciendo es destruir la seguridad jurídica española. Forma parte de su plan de implantación de una ideología que ampara una estructura de pecado: el socialismo.
