Salario mínimo y responsabilidad del estado legislador

¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es una medida de protección social por la cual el Estado obliga al empresario a pagar una cantidad mínima a un trabajador por su trabajo.

Esta cantidad mínima se fija en teoría previa audiencia a las dos partes implicadas: los sindicatos y las asociaciones empresariales.

Se haga o no con esa audiencia, lo que acaba pasando es que el gobierno, no las partes, fija un importe mínimo para cualquier contrato de trabajo. Fija un precio muy caro para una contraprestación mucho más barata.

El efecto que se produce es que el gobierno sube artificialmente el precio que hay que pagar para arrendar el servicio que necesita para su actividad, imponiendo costes al empresario, que podría obtener la misma prestación en el mercado libre mucho más barata.

La causa jurídica es la implantación de una medida de protección social. Pero no la pagan todos los ciudadano a través de los presupuestos generales del Estado, sino que la carga general se convierte en un gravamen particular impuesto a determinadas personas, los empresarios, que tienen que pagar de su bolsillo lo que es una carga general.

Esto genera una responsabilidad del Estado legislador. Es el Estado el que debe pagar la diferencia que hay entre el precio de mercado y el importe del salario mínimo que ha impuesto.

Los empresarios pueden exigir la diferencia que están pagando, porque el gobierno es responsable de esos sobreprecios que ellos no tienen obligación ninguna de soportar individualmente.

Lo que es una carga general debe ser pagado por la generalidad de los ciudadanos, no por las empresas.